III PREMIO “LOS SITIOS DE ZARAGOZA”

Editado por el Ayuntamiento de Zaragoza, 1988

LA JUSTICIA EN LOS SITIOS DE ZARAGOZA

  Pedro Jesús Altaba Cosín y José Antonio Pizarro Pizarro (Premio Especial)

La epopeya de los Sitios de Zaragoza es uno de los episodios más apasionantes de la Historia de España. A lo largo de los ciento ochenta años transcurridos desde que los franceses se presentaron ante los débiles tapiales de ladrillo de la ciudad hasta nuestros días, son incontables los libros, fascículos y trabajos de todo tipo dedicados al estudio tanto de la lucha en su conjunto como de aspectos particulares de la misma.

La investigación de cualquiera de las facetas de la vida de Zaragoza, durante los dramáticos años 1808 y 1809, no deja de tener sus dificultades. Es cierto que existe abundante bibliografía sobre la lucha, el heroísmo de los defensores y los destrozos sufridos por la ciudad, pero no es menos cierto que las fuentes originales de información son escasas y de difícil acceso.

Las causas de esta escasez son, por una parte, la destrucción física de valiosos documentos durante los mismos combates, por otra, la desaparición de otros como consecuencia de la ocupación de la ciudad por los franceses y, finalmente, la utilización y no devolución de algunos por parte de los historiadores de la primera época. No hay que olvidar que la Audiencia sita en la Plaza de la Seo fue incendiada y destruida, que los franceses alojados en numerosos edificios de la ciudad, emplearon en sus hogueras todo el material combustible que se puso al alcance de sus manos y que el cronista de los Sitios, D. Agustín Alcayde Ibieca, utilizó para la elaboración de su célebre obra documentos del archivo municipal que, si hemos de creer a D. Carlos Riba García, no devolvió después.

Para la redacción de este trabajo hemos consultado los fondos de la sección de libros raros de la Biblioteca Nacional, del Archivo Histórico Provincial, de la Biblioteca Universitaria, de las Facultades de Derecho y Filosofía y Letras y del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza. También hemos recibido la amable oferta de colaboración del Ilmo. Sr. Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de dicha ciudad y la del Colegio de Procuradores. En los organismos citados no hemos encontrado sino facilidades para nuestra labor, motivo por el que deseamos expresar a todos ellos nuestro agradecimiento.

BREVE ESQUEMA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA VIGENTE A PRINCIPIOS DEL SIGLO XIX

La Audiencia [1]

La Real Audiencia se configuraba como un tribunal de apelación, de segunda instancia, pero también conocía en primera de asuntos civiles o criminales que por razón de la cuantía o relevancia del caso le eran atribuidos.

La composición de la Real Audiencia de Aragón a principios del siglo XIX era la siguiente:

Los Juzgados [2]

El conocimiento de los asuntos civiles en primera instancia, así como las causas criminales venía atribuida a los Jueces encargados del cuartel (barrio), y a los Alcaldes Mayores que se caracterizaban por ser organismos unipersonales y técnicos. Sus sentencias podían ser recurridas en segunda instancia ante la Audiencia.

Tenemos constancia de la existencia de tres juzgados de tal clase Zaragoza de 1808, además del Juzgado de Policía con competencias de orden público.

Su funcionamiento era parangonable, con las debidas salvedades, juzgados de primera instancia e instrucción.

La justicia militar [3]

Las Reales Ordenanzas de Carlos III son la fuente principal y básica Derecho Penal Militar. En ellas se contempla el Derecho castrense en sus facetas procesal y sustantiva.

La Novísima Recopilación, en 1805, tan sólo introdujo algunas particularidades procesales, sin que supusiera una renovación más que en algunos aspectos formales.

Son de especial interés, por referirse a materia judicial, los tratados VII y VIII.

Las Ordenanzas Carolinas contenían las normas de aplicación de la justicia, estableciendo preceptos de competencia objetiva y funcional, al tiempo que fijaba los sujetos aforados a la jurisdicción castrense, concibiendo tal aspecto como un privilegio de clase.

Sus órganos jurisdiccionales eran los siguientes.

El día 24 de mayo tuvo lugar la sublevación de la ciudad. La muchedumbre tras obligar a la primera autoridad local, el Capitán General D. Jorge Juan Guillelmi, a entregar las armas y ceder el mando a su segundo, Mori, y proceder a su encarcelamiento en la Aljafería, se encontró dueña de la ciudad, llegando a difundir a voz de pregonero un bando por el que se intentaba obligar a los vecinos a acudir al castillo y tomar las armas bajo pena de muerte.[4]

Al día siguiente Palafox fue traído de la Alfranca, pero no quiso aceptar un mando que se le entregaba por exigencia del pueblo, si dicha entrega no era refrendada por el más alto organismo que podía reunirse en aquellas circunstancias: el Real Acuerdo. Este, efectivamente, se reunió el día 23 en la sede de la Audiencia en la Plaza de la Seo, con todas las formalidades legales. Presidía el nuevo Capitán General Mori, estaba presente el Regente de la Audiencia, D. José Villa y Torre y se contaba con la asistencia de los demás miembros integrantes del mismo. Palafox, ante ellos, expuso sus ideas y compromiso. El pueblo, que se agitaba bajo los balcones, hizo saber que estaba dispuesto a todo para lograr el nombramiento de Palafox como Capitán General.

La escena que se desarrolló en el Palacio de la Audiencia, debió ser épica a juzgar por el relato de los biógrafos de Palafox, pero lo que no ofrece duda es que éste salió de la reunión nombrado Capitán General del Reino de Aragón por un organismo que carecía de atribuciones legales para ello y que, además, se encontraba bajo fuerte presión popular. Estos detalles, que nos permite apreciar la perspectiva de los años transcurridos, carecieron sin duda de importancia aquellos trágicos días.

Una vez en posesión de su cargo, Palafox comenzó a elaborar una serie de Decretos, Bandos, Ordenes, Manifiestos y Proclamas tendentes a preparar la ciudad y el Reino para el inevitable choque contra los franceses y a restablecer el orden que los acontecimientos de los últimos días habían alterado de forma notable.

Entre las disposiciones más importantes adoptadas figura la orden de alistamiento para todos los varones con edades comprendidas entre los dieciséis y cuarenta años[5] e instauración de la jurisdicción militar en todo el Reino[6]. Con estas dos medidas, la Administración de Justicia quedaba en su práctica totalidad en manos del propio Palafox quien, como veremos, usó ampliamente de esta facultad.

En un intento de legitimar en el mayor grado posible la nueva situación, Palafox convocó Cortes a la antigua usanza del Reino. Estas Cortes, que no se celebraban desde 1702, se reunieron el 9 de junio y, como era de esperar, aceptaron todas las propuestas que hizo su convocante.

A efectos jurídicos, los acuerdos principales adoptados por las Cortes fueron la ratificación del nombramiento de Palafox y la formación de una Junta Suprema de Gobierno que ejercería todos los poderes[7].

Como dice Peiró Arroyo, lo realmente importante de estas Cortes, no fue su transcendencia sino el hecho de que fueran convocadas en unos momentos críticos en los que se carecía de una representación de la soberanía nacional. Es decir, se buscó ante todo una legalidad con que suplir el vacío que la ausencia o el descrédito de las autoridades tradicionales habían creado[8].

RESUMEN HISTÓRICO DE LOS SITIOS

El Primer Sitio comenzó el día 15 de junio de 1808 y terminó el 14 de agosto del mismo año. Se caracterizó por el gran predominio del elemento combatiente civil sobre el militar, puesto que al comienzo de las acciones no se encontraban en la ciudad más que unos doscientos soldados y alrededor de veinte artilleros. Conforme pasaban los días, llegaron refuerzos y los militares profesionales fueron asumiendo la dirección de los trabajos defensivos.

La ciudad no llegó a estar bloqueada en su totalidad por carecer los franceses de fuerzas suficientes para combatir en ambas orillas del Ebro y no existir ningún puente ni vado practicable fuera de la ciudad. Las acciones más notables fueron los combates del primer día en que los franceses lograron penetrar en la ciudad por breves momentos; los decididos intentos de asalto en el mes de julio; la penetración de primeros de agosto y los posteriores combates callejeros que duraron hasta el levantamiento del sitio el día 14 de ese mes, tras la voladura de Santa Engracia.

El Segundo Sitio comenzó formalmente el día 20 de diciembre 1808 y terminó con la capitulación de la ciudad el 20 de febrero de 1809. Fue con mucho el más duro y los combates adquirieron dimensiones mucho mayores. Sus características fundamentales fueron el gran volumen de tropas enfrentadas unos cuarenta mil franceses y alrededor de cincuenta mil españoles, la asfixia de la ciudad, totalmente bloqueada y superpoblada, el encuadramiento militar de la casi totalidad de los defensores españoles y, por último, su absoluta decisión de perecer antes que rendirse.

Los combates tuvieron tres fases. La primera consistió en la toma de los reductos exteriores de Torrero, de San José y el Pilar. La segunda culminó con la penetración francesa por Santa Engracia y Tenerías y la tercera, que consistió en una lucha de increíble dureza, habitación por habitación, terminó el 20 de febrero de 1809.

Durante el Primer Sitio, la Audiencia, en cuanto a la tramitación ordinaria de asuntos civiles debió prácticamente de paralizarse. Casamayor en la anotación de su diario relativa al día 31 de julio de 1808 señala: "Desde el 13 del pasado no hubo escuela para los chicos, ni enseñanza para las niñas, ni Audiencia, ni Curia Eclesiástica ni ningún otro Establecimiento"[9].

Pero tal afirmación ha de ser matizada, toda vez que, si bien posiblemente este Alto Tribunal no dictó resoluciones poniendo fin a asuntos judiciales de su competencia ni celebró vistas, debió de seguir actuando en cuanto a la recepción y entrada de expedientes, fundamentalmente criminales, y dando órdenes para ejecutar sentencias dictadas con anterioridad[10].

Hemos hallado, como asuntos tramitados en la Audiencia e iniciados en el año 1808, nada menos que 106 expedientes, en el Archivo Histórico Provincial, cuya relación se acompaña como anexo al presente trabajo, especificando en cada caso su referencia. Tras el Primer Sitio, la Audiencia reanudó sus actividades el día 22 de agosto de 1808[11].

En el período entre Sitios, para evitar el colapso en la administración de justicia penal, se adoptaron medidas de gran transcendencia que se concretaron en la Orden de Palafox de 14 de septiembre de 1808, por la que se crea el Tribunal de Seguridad Pública, para conocer de los asuntos criminales derivados de la situación en que se encontraba la ciudad, ya que la Sala del Crimen estaba saturada. Este Tribunal se hallaba integrado por Tres Oidores civiles, que actuaban por las tarde, sin perjuicio de sus obligaciones matinales en su Sala de procedencia[12].
 

La Audiencia, de este modo, volvió al curso ordinario de asuntos civiles y penales, viendo en esta materia reducida su competencia al despacho de aquéllos no sometidos al conocimiento de una de las jurisdicciones especiales que en ese tiempo actuaban en Zaragoza[13].

La Audiencia continuó su función durante los primeros días del Segundo Sitio. El día dos de enero se realizó la solemne apertura de la misma, acto al cual, según refiere Casamayor, tan sólo acudieron el Regente D. Pedro María Ric, dos Oidores, un Ministro del Crimen Supernumerario, y el Fiscal D. Pedro Ruiz, ya que el resto se encontraba enfermo[14]. De ser cierto este testimonio, se infiere que pese a continuar la Audiencia formalmente en el trámite normal de asuntos, la realidad era que la propia falta de medios personales tuvo que impedir casi absolutamente la actuación judicial colegiada

El 15 de enero de 1809 se paralizó el funcionamiento de la Audiencia, ya que "todo se abandonó en defensa de la Patria"[15], y ya no se restableció hasta una vez finalizado el Segundo Sitio, bajo la dominación francesa[16].

Dos sucesos supusieron la pérdida de la Sede de la Audiencia y de abundante documentación, a saber, los incendios que se produjeron los días 27 y 31 de enero de 1809 como consecuencia de los disparos de la artillería francesa[17].

Si bien la Audiencia, como órgano jurisdiccional, no tuvo un papel excesivamente relevante durante los Sitios no se puede decir lo mismo de algunos de sus miembros. En efecto, entre los componentes de la primera Junta Suprema de Gobierno, figuraron el Regente de la Audiencia D. José Villa y Torre y D. Pedro María Ric, Presidente de la Sala Segunda de Justicia. Ambos personajes habían tenido sus diferencias algún tiempo atrás cuando el Regente, cumpliendo órdenes de Madrid, había dispuesto que no se librasen en los sucesivo Reales Provisiones, sino que la Justicia se administrase en nombre de Murat, Duque de Berg y Lugarteniente General del Reino. D. Pedro María Ric al conocer lo providenciado por el Regente, pasó lleno de indignación a la Sala Primera, increpó duramente a Villa y Torre, pidió acuerdo extraordinario y consiguió revocar semejante disposición[18].

Más adelante, el 20 de julio, Villa y Torre fue detenido por orden de Palafox, exonerado de su empleo y honores y recluido para ocho años en el castillo de Jaca. Según Valdés y García Sala fueron "sospechas de infidencias no bien fundadas". Para otros autores, Villa y Torre era partidario de no seguir la lucha y, según Pano y Ruata, debía su nombramiento de Regente a su paisano, el Arzobispo de Zaragoza e Inquisidor General D. Ramón José de Arce, que se había afrancesado y hacía recaer sospechas de análoga actitud sobre el Regente. Tras la caída de la ciudad, D. José Villa y Torre volvió a ser Regente de la Real Audiencia de Aragón por Decreto de Junot de 30 de marzo de 1809, así que las sospechas de afrancesamiento no debían de ser del todo infundadas[19].  

LOS JUZGADOS

En principio, podemos afirmar documentalmente la existencia en el año 1808 de los siguientes:

  -   El Juzgado del Pilar (Cuartel del Pilar) cuyo titular era el Juez D. Antonio Caro, 
      Alcalde Mayor, asistido del escribano D. Francisco López.

-     El Juzgado de San Pablo (Cuartel de San Pablo), cuyo titular era el juez D. Diego 
       María Badillo, del Consejo de su Majestad y actuaba como escribano D. Francisco 
       Novallas.

-    El Juzgado de San Miguel (Cuartel de San Miguel). En el primer Sitio el titular era D. 
      Joaquín Riego, Alcalde del Crimen Supernumerario de la Real Audiencia de Aragón 
      por indisposición del Juez mismo. Como escribano actuaba D. Rafael Lozano.

-    El Juzgado de Policía, que en el Primer Sitio fue ocupado por D. Lorenzo Calvo de 
     Rozas y en el período intermedio fue encomendado al Oidor de la Audiencia D. 
     Santiago Piñuela, el cual actuó durante el Segundo Sitio. De este Juzgado haremos 
     un estudio en apartado específico.

Sobre el funcionamiento de estos Órganos Jurisdiccionales en los periodos de contienda se carece prácticamente de testimonios.

Del Juzgado del Pilar tan sólo se conservan en el Archivo Histórico Provincial tres asuntos iniciados en el año 1808 [20] y no pasan de la docena aquellos que fueron iniciados con anterioridad pero continuaron su curso durante la anualidad mencionada.

Con tal escaso material es punto menos que imposible extraer conclusiones generales. Sin embargo, hay datos de hecho que son sintomáticos. En los expedientes conservados no hay diligencias correspondientes a los meses en que Zaragoza estuvo sitiada.

Existen actuaciones previas al Primer Sitio y del período entre éste y el Segundo, pero en todo caso la materia sobre la que versan es ajena a las contingencias que hubo de vivir la ciudad ya que son asuntos civiles ordinarios.

En cuanto a los asuntos penales, dado que en esta materia los archivos eran sistemáticamente espurgados, no se conservan siquiera vestigios.

Del Juzgado de San Pablo tan sólo hemos hallado un procedimiento tramitado en 1808, casualmente recogido en el archivo del anterior[21] , consistente en una ejecución para cobro de cantidad, que es tramitado a partir del mes de abril y, tras un período carente de diligencias coincidente con el Primer Sitio, se fina por Auto en Vista dictado el 19 de septiembre 1808, en el período intermedio. Pero su estudio tampoco permite extrapolar datos de interés, como no sea la propia carencia de actuaciones coetáneas con la época de los primeros combates.

Se observa del estudio del expediente cómo, en este caso, la actividad del Juzgado de San Miguel se despliega incesantemente desde el propio 27 de junio, en el que el Juez dicta un Auto acordando iniciar el inventario, hasta el día 2 de agosto en que, una vez elaborado es entregado en manos del Intendente General de la ciudad, D. Lorenzo Calvo, lo que se acredita mediante diligencia.

Evidentemente, la actividad judicial se desarrolla en pleno Primer Sitio, abarcándolo prácticamente en su totalidad. No hemos hallado actuaciones practicadas por los Juzgados antes citados durante el Segundo Sitio. A la vista de lo anterior surge la pregunta inevitable de qué conclusiones podemos extraer de las fuentes investigadas. Enumeraremos las siguientes:

-    Los Juzgados paralizaron su funcionamiento en el trámite ordinario de asuntos civiles, 
      reservándose su actuación, muy posiblemente, a las diligencias más imprescindibles, 
      derivadas de la propia guerra, durante el Primer Sitio.

-    Durante el período entre ambos Sitios se restablece el funcionamiento normal de los 
      Juzgados.

-    En el Segundo Sitio, al igual que en el Primero, debió producirse una paralización 
      casi total de los mismos, con excepción de los primeros días.

-    Y, por último, muy posiblemente su actividad, sobre todo en el Primer Sitio, se viese
      encaminada a la sustanciación de causas criminales. 
 

JURISDICCIÓN CASTRENSE

El 12 de julio de 1808 se formó la llamada Junta Militar y de Fortificación, compuesta por trece miembros y presidida, naturalmente, por Palafox. De sus integrantes, dos, D. Diego Badillos[23] y D. Juan Miguel Serrano, eran Auditores de Guerra, y el Capitán D. José Pascual de Céspedes, ejercía el cargo de Fiscal Militar.

Los Auditores, delegados del mando en materia jurisdiccional, posiblemente, fueron nombrados utilizando a personal técnico que prestaba sus servicios en Juzgados de Zaragoza en el año 1808.

El Capitán General, en uso de sus atribuciones, fue elaborando un cuerpo legal, cuyo contenido más esencial se relata a continuación.

El 18 de junio, Palafox emitió un manifiesto desde el Cuartel General de Aragón, situado en Longares, estableciendo la guerra sin cuartel contra todos los franceses "que no depusiesen las armas”, ordenando presentarse a todos los individuos encuadrados en todas las unidades formadas, amenazando a quienes abandonaran las armas o injuriasen a otros, estableciendo rondas de vecinos honrados para mantener la tranquilidad de la ciudad y dando permiso a los labradores para salir a recoger las cosechas[24].

El día 6 de julio, a la vista de la gran cantidad de deserciones producidas, el Capitán General, de acuerdo con la Junta Suprema, hizo pública una Orden a los Justicias del Reino para que detuviesen a todo individuo que hubiese abandonado la defensa sin ir provisto del correspondiente pasaporte. Se establecían penas rigurosas para quienes contraviniesen tales disposiciones y premios para quienes manifestasen especial celo. En la misma Orden se hacía referencia a la propagación de bulos sobre falta de patriotismo de miembros de la Junta Suprema, a quienes se suponía en complicidad con los franceses, ordenándose en consecuencia la ocupación de todo documento referente a este asunto y se establecía, para quien lo tuviese, el castigo correspondiente a los cómplices de alta traición[25].

El 14 de julio, un Decreto de Palafox amenazaba con castigar militarmente y con el máximo rigor a los paisanos que injuriasen a los militares y viceversa, lo que permite pensar que los enfrentamientos entre unos y otros no fueron hechos extraordinarios[26].

El día 26 de julio, un bando de Palafox autorizaba a ejecutar sobre la marcha a cualquier soldado u oficial que volviese la cara al enemigo[27] y el 28 dio orden de presentarse a todo oficial de los Cuerpos del Ejército, bajo pena de quedar sin destino[28].

El día 8 de agosto, el Marqués de Lazán, Gobernador de la PIaza hizo publicar un bando estableciendo irremisiblemente la pena de muerte dentro de las seis horas de aprehendido para todo individuo al que se le hallasen objetos cuya posesión no pudiese justificar. En esas fechas los franceses ocupaban algunas zonas de la ciudad y los saqueos eran continuos. El desorden entre los españoles debía de ser grande, pues en el mismo bando existía un aviso para los jefes de puesto a quienes se encargaba vigilar, con especial cuidado, la conducta de los hombres a su cargo[29].

Al día siguiente se publicó el último bando de carácter militar del Primer Sitio, y en él se castigaba con la pena de muerte, sin más tiempo que para morir como cristiano, a quien lanzase "voladores" que pudieran indicar al enemigo la dirección de sus fuegos. La misma pena, se establecía para todo aquel que con sus voces alarmase al pueblo y lo incitase a la rebelión[30].

Como puede verse, estas disposiciones contienen preceptos de carácter procesal, pues establecen plazos para enjuiciar y ejecutar lo juzgado en algunos casos, regulando, en otros, verdaderos procesos sumarísimos. Al propio tiempo, desde el punto de vista del derecho penal sustantivo se establecen nuevos tipos penales, reforzándose las penas de algunos ya existentes, a medida que las vicisitudes de la ciudad lo van requiriendo.

Los casos más conocidos de aplicación de la jurisdicción castrense en el Primer Sitio de Zaragoza fueron los del Teniente Coronel D. Vicente Falcó, el Coronel D. Rafael Pesino, varios miembros de unidades de Dragones y el del cocinero del Capitán General Guillelmi.

D. Vicente Falcó estaba encargado de la defensa de Monte Torrero, posición que abandonó al ser atacado por los franceses. Fue arrestado inmediatamente, procesado y arcabuceado "junto al Arbol Grande de Convalecientes" el día 22 de agosto de 1808 [31].

El 19 de julio, la Justicia de Pina hizo entrega de dieciséis Dragones del Rey, quienes, tras desertar, recorrían la comarca cometiendo todo tipo de tropelías y crímenes. No se sabe cuál fue la suerte, aunque no resulta muy difícil de imaginar[33]

El 7 de agosto, un grupo de Dragones fue acusado de propagar el rumor de que los franceses estaban a punto de entrar a la ciudad. El grupo fue detenido y por orden personal de Palafox, se arcabuceó inmediatamente a uno de sus integrantes[34].

La única, triste y escueta aparición en la Historia del cocinero del Capitán General Guillelmi se efectúa de mano de Casamayor, quien en la anotación correspondiente al día 12 de agosto, nos lo presenta ahorcado por ser uno de los que tiraban voladores para orientar a los franceses[35].

Durante los días del Segundo Sitio tampoco faltaron ejemplos de aplicación de la Justicia Militar.

El 21 de diciembre, durante un combate en el Arrabal, Palafox personalmente ordenó arcabucear a un soldado por no obedecer las órdenes de su jefe y el 27 amaneció ahorcado un soldado polaco que durante los combates del 4 de agosto, al parecer, había matado a dos religiosas, siendo hecho prisionero a continuación[36].

No se conservan más testimonios de hechos de esta clase, pero como se puede ver, la fuerza de las circunstancias hizo que se actuase en numerosas ocasiones de un modo que hoy nos parece incomprensible.

Nunca se sabrá el número de personas que sufrieron la aplicación de unos preceptos como los establecidos en aquellos días. Sin duda fueron muchas. Pero no se debe caer en la fácil tentación de acusar de ligereza a quienes hubieron de proceder como lo hicieron, quienes los elaboraron y los aplicaron. Las circunstancias que se atravesaban entonces eran las más extremas que se pueden llegar a vivir y eso, si no justifica muchas cosas, al menos las explica.

LA JUNTA SUPREMA DE DEFENSA

Es el organismo surgido de las Cortes el 9 de junio e investido de todas las facultades, bajo la presidencia de Palafox. Entre estas facultades no cabe duda que figuraba la de administrar justicia penal, como lo prueban las referencias a varias sentencias dictadas.

Según Antonio Peiró Arroyo, Palafox ejerció personalmente todos los poderes y no reunió a la Junta más que con carácter consultivo, el día 27 de julio[37]. Lo más probable es que, aunque la Junta no se reuniese formalmente, sus miembros fueran asesores permanentes de Palafox y éste, al hacer públicas algunas de sus decisiones, hiciese figurar el nombre de la misma.

Son conocidas varias sentencias ejecutadas por orden de la Junta o, que al menos, han pasado a la historia como ejecutadas en su nombre.

Hecho improbable, toda vez que, según la normativa castrense entonces en vigor, a un Oficial del Ejército no le era aplicable la pena de horca.

El 28 de junio fue ajusticiado un maragato de la Archidiócesis de Astorga, tramoyista del teatro del Príncipe de Madrid, por propagar rumores favorables a los franceses en presencia del Teniente de Rey Bustamante, Fue juzgado por la Junta que, tras oír a varios testigos le sentenció a muerte e hizo ahorcar en la plaza del Mercado en el plazo de seis horas. El proceso fue sumario, respetándose tan solo las formalidades más imprescindibles[38].

Durante el Segundo Sitio no se tiene constancia de ninguna actuación similar a las anteriores.

TRIBUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA

Este Tribunal fue creado en virtud de una orden de Palafox de fecha 14 de septiembre de 1808 [40], en el período intermedio de los dos Sitios.

  Las finalidades de este órgano jurisdiccional fueron básicamente dos.

-      La aceleración en el despacho de los procesos criminales.

-      Descargar de trabajo a la Sala del Crimen de la Audiencia.

Su competencia objetiva se circunscribía al conocimiento de determinados delitos, los más comúnmente enjuiciados una vez finalizados el Primer Sitio, a saber, los de traición, sublevación contra la autoridad, adhesión a Francia y cuantos otros se dirigieran a turbar la tranquilidad pública en aquellas circunstancias.

Estaba integrado por tres Oidores de la Audiencia: D. Rafael José Amandi, D. José Ruiz de Celada y D. Diego María Badillo, los cuales actuaban por la tarde sin perjuicio del ejercicio de su trabajo matinal.

Estaban sujetos a su conocimiento los delitos cometidos por individuos del Fuero Ordinario, ya que los militares fueron juzgados por la Comisión Militar.

Procesalmente se observaban los criterios de brevedad y sumariedad, sin que ello supusiese falta de garantías y consiguiente indefensión del reo[41].

Caso de condena a muerte la sentencia se consultaba, en todo caso, al Capitán General.

De la actuación de este Tribunal se conserva en el Archivo Histórico Provincial un único vestigio: "Autos formados por orden del Marqués de Lazán contra Antonia Molina, mujer de Juan Guiró, de nación francés y otros de Gallur y Pradilla sobre sospechas de haber tenido correspondencia con el ejército francés y ocultado algunas ropas robadas por éstos"[42].

Estas actuaciones, instruidas previamente en el mes de agosto en Tauste (Zaragoza), son entregadas al Tribunal de Seguridad Pública el día 6 de octubre de 1808. El 11 de noviembre el Tribunal dictó un definitivo absolviendo a los encartados, ejecutándose tal resolución el 21 del mismo mes.

Durante el Segundo Sitio, este órgano jurisdiccional debió de funcionar prácticamente hasta el momento en que la propia Audiencia se vio obligada a suspender el trámite de sus asuntos. No podemos soslayar que a la apertura de la Audiencia el 2 de enero de 1809, apenas acudieron cinco personas, según relata Casamayor, por lo que podemos deducir que a partir de la fecha indicada tuvo prácticamente que dejar de funcionar el tribunal objeto de estudio.

EL JUZGADO DE POLICÍA

Este juzgado tenía, al parecer, atribuidas competencias en materia de orden público así como de tipo instructor de procedimientos p enales. Su función era asegurar judicialmente la tranquilidad de la ciudad, tomando las medidas oportunas para reprimir cualquier acción tendente a su alteración. También tenía facultad para ver y fallar causas por delito.

El día 3 de junio de 1808 es nombrado Juez de Policía, Corregidor e Intendente de Zaragoza el Sr. Calvo de Rozas.

La función de este juzgado en el Primer Sitio debió de ser muy intensa aunque no se han hallado fuentes de primera mano que acrediten tal extremo. El período intermedio entre ambos Sitios adolece de la misma falta de documentación.

Prueba de la trascendencia de su función es que, en virtud de bando de Policía al estilo militar, publicado el día 17 de diciembre de 1808, se nombraba Juez de Policía al Oidor de la Audiencia D. Santiago Piñuela, ya en el Segundo Sitio[43].

De su actuación y cauces personales empleados, podemos extraer las siguientes notas.

-    No cabe duda de que tenía facultades para ver y fallar causas por delito, incluidos los más graves.

-     Podía dictar penas de muerte, las cuales se ejecutaban previa consulta con el Capitán General.

-     La instrucción era muy rápida y sumaria, deteniéndose el juzgado a examinar únicamente las pruebas más esenciales y decisivas para fundar la resolución final.

En este sentido mencionaremos la sentencia dictada contra un hijo de franceses llamado N. Huici, que es la única actuación judicial de la que tenemos referencia. La sustanciación del proceso fue con motivo de que el referido delató a los vecinos de Ablitas, quienes habían dado muerte a dos franceses y fueron objeto de represalias por parte del ejercito invasor[44].

EL TRIBUNAL DE INTENDENCIA GENERAL

Este tribunal se encargó del conocimiento y tramitación de asuntos relativos al contrabando de géneros y mercancías, así como de delitos de ocultación de bienes en contravención de los bandos dictados por el Capitán General al respecto[45].

Su conocimiento se extendía a aquellas personas no aforadas a la jurisdicción castrense, de tal modo que los militares convictos de delitos de tal clase eran juzgados por la Comisión Militar[46].

El tribunal era presidido por el Sr. Intendente General del Reino, el cual podía adoptar las medidas precisas para el aseguramiento de las personas encartadas (decretar la prisión provisional), así como la libertad bajo fianza de las mismas. Podía, igualmente, adoptar las providencias necesarias para asegurar aquellos objetos que habían sido materia de tráfico ilícito.

Tan pronto como el Intendente General tenía noticias de la comisión de un hecho que pudiera ser de su conocimiento, adoptaba las referidas medidas en aras del aseguramiento de personas y bienes y recibía declaración a los encartados, los cuales prestaban juramento.

Las partes podían proponer las pruebas que estimasen precisas, y su práctica era declarada pertinente o desestimada por auto.

Caso de que existiesen terceras personas interesadas se les permitía su personación en el proceso.

La acusación era ejercida por el Administrador General de todas las Rentas del Reino y, posteriormente, se daba traslado a los encartados para que elaborasen su escrito de defensa.

Por último, el Intendente General dictaba resolución absolviendo o condenando.

El procedimiento era minucioso y formalista y, en su totalidad, escrito[47].

El Tribunal consta que funcionó entre ambos Sitios, así como durante todo el Segundo.

Efectivamente. En el Archivo Histórico Provincial se conserva un procedimiento de los seguidos ante ese órgano jurisdiccional, catalogado como: "Criminal sobre ocultación de géneros de la tienda de Gerardo Secage, de nación francés en casa de Pascual Aranda, Manuel Roca y otros vecinos de Zaragoza". Estas actuaciones se iniciaron el día 14 de septiembre de 1808 y se prolongaron durante prácticamente la totalidad del Segundo Sitio. Aparecen actuaciones practicadas en todos los meses restantes del año 1808 hasta diciembre, así como enero y febrero de 1809, poco antes de la capitulación[48].

Estas actuaciones son de gran interés, ya que constituyen uno de los pocos vestigios que nos permite afirmar la existencia de una actividad jurisdiccional especial perfectamente reglada durante el Segundo Sitio de Zaragoza.

No hemos hallado referencia a actuaciones de ese Tribunal durante el Primer Sitio.

LA JUSTICIA POPULAR

Este es un punto fundamental que se ha de tratar con sumo cuidado.

Para la mentalidad contemporánea resulta difícil comprender algunas actitudes que fueron características en los Sitios y justificar las acciones consiguientes. Pero no se debe perder de vista el ambiente caótico y el delirio colectivo que reinan en las revoluciones, en las guerras con intervención masiva del elemento civil y en las ciudades destruidas.

Desde su primer bando amenazando con la muerte a quienes no tomasen las armas, hasta el último día de combate del Segundo Sitio, cuando la Junta que negoció la capitulación hubo de pernoctar en la Aljafería por temor a las iras de los patriotas, la masa popular de Zaragoza se atribuyó y ejerció la facultad de administrar justicia en numerosas ocasiones.

Según el testimonio de Alcayde Ibieca, durante la acción librada en Alagón antes del Primer Sitio, algunos paisanos enardecidos pasaron por las armas a varios que, agotados por la marcha y el calor, se negaban a continuar, acusándoles de traidores. Tal testimonio podría parecer un tanto sospechoso si no procediera de un cronista como Alcayde y no concordara con toda exactitud con otras muchas actuaciones posteriores de análogas características[49].

Durante el Primer Sitio, en el que la población civil proporcionó la mayor parte de la fuerza combatiente, se produjeron numerosos casos de ajusticiamiento expeditivo por causas que, objetivamente consideradas, resultaron triviales.

El primer día de combate en la ciudad, 15 de junio, Sangenís, uno de los pocos militares profesionales que había en Zaragoza, se puso a estudiar las fortificaciones y hacer sus cálculos para la defensa. Su actitud resultó tan sospechosa que fue detenido y encarcelado acusado de espía por los celosos patriotas. Al día siguiente fue liberado, reanudando sus actividades en la organización defensiva[50].

Cuando el día 2 de julio, José Bordois fue sentenciado a morir en la horca, resultó trabajoso para las autoridades el cumplimiento de la sentencia en legal forma, pues la muchedumbre enardecida intentó, sin conseguirlo, hacer justicia por su mano[51].

La Junta Suprema publicó, el 10 de julio, un bando tratando de contener la avalancha de denuncias y detenciones arbitrarias. Sin duda, la gran cantidad de actuaciones incontroladas estaba ocasionando un verdadero caos y las autoridades trataron de frenar las consecuencias derivadas del frenesí popular[52].

Tras los primeros combates, el celo de los patriotas era tal que el 13 de julio fue detenida una mujer a la que encontraron algunos cartuchos acusándola de colaboracionismo con los franceses. Tal acusación no parece muy fundada, pues es difícil creer que el ejército francés aceptase ayudas en forma de suministro de munición por parte de mujeres [53]. Para los exaltados defensores tal consideración careció de fundamento, y la desdichada detenida sufrió tan mal trato que falleció camino de la cárcel. Su cadáver a punto estuvo de ser ahorcado en la Plaza del Mercado para escarmiento público.

Varias mujeres más también fueron encarceladas por defensores, los días 16 y 17 de julio, sospechosas de colaborar con el enemigo de igual manera que la ya mencionada. No se conoce la suerte que corrieron, quizá más afortunada[54].

Sin duda, el caso más revelador sucedido en el Primer Sitio fue el del "racionero" de Epila, miembro de las fuerzas defensoras, quien consiguió convencer a un grupo de paisanos para que, abandonando los puestos asignados, le acompañasen a degollar a los franceses detenidos, acción que, según dijo, le había sido ordenada por el mando.

Muy significativo resulta que consiguiese convencer a un numeroso grupo con el que sin duda hubiera logrado su propósito de no mediar la acción de un jefe militar que, una vez restituido el orden, hizo detener al sanguinario clérigo entregándolo a la jurisdicción eclesiástica.

Del ambiente de la ciudad son ilustrativos los siguientes datos tomados del relato de Cavallero: "A la entrada de los franceses en la ciudad el 4 de agosto reinaba un gran desorden, cada uno era comandante en jefe, reunía un pequeño grupo de paisanos o soldados, se colocaba como podía, y defendía el lado que le parecía más conveniente: todavía era preciso que las disposiciones que tomara fuesen del agrado de los que mandaba para que fuese obedecido, y si el grito de traición se hacía oír, una muerte segura le seguía de cerca".

"Todo se exigía en nombre de la Patria y el Rey, toda desobediencia era un crimen de lesa majestad y, por el contrario, la devoción a esta causa sagrada daba la autoridad mas ilimitada y aseguraba la impunidad a todos los que habían obtenido la más ligera emanación de poder. Si la unanimidad de sentimientos no hubiera estado en el corazón de todos los ciudadanos, el temor habría bastado para dar apariencia de ello"[55].
 

Una vez levantado el Sitio y antes del inicio del Segundo, la vida volvió, en cierto modo, a su transcurso normal, pero ello no calmó por completo los ánimos. Prueba de ello es la muerte a pedradas de dos franceses en la calle Predicadores el 27 de agosto. El mismo día fueron arcabuceados cuatro más a los que se acusó de espías[56].

Durante los días del Segundo Sitio las cosas sucedieron de forma diferente. La gran masa de combatientes estaba encuadrada y organizada de acuerdo con los cánones castrenses y la administración de Justicia, incluso sumaria, fue bastante más formalista que en el turbulento Primer Sitio.

En el diario de Casamayor no se mencionan hechos de los comprendidos en este epígrafe acaecidos durante el Segundo Sitio, aunque no cabe duda de que algunos se produjeron.

Pérez Galdós, en sus Episodios Nacionales, menciona la erección de varias horcas con sus dogales en las calles de Zaragoza. Cavallero relata "Casi todas las mañanas se descubrían personas ahorcadas durante la noche en las horcas levantadas en el Coso y en la plaza del Mercado"[57]. El cuadro de Víctor Adam representando el asalto francés del 27 de enero nos muestra una horca con dos cadáveres dominando los combates.

Sin duda, en medio de la confusión y el desorden propio de las circunstancias, el entusiasmo y la desesperación acarrearon funestas consecuencias para más de un infeliz.

LOS ABOGADOS

El estudio de la abogacía viene a completar la visión general de la Justicia en los Sitios de Zaragoza[58].

El Colegio de abogados de la ciudad contaba en el año 1808 con cincuenta y nueve miembros.

El Decano era D. Pedro Pasqual y Candau y presidía la Junta Particular del Colegio, la cual se hallaba constituida por el propio Decano, cuatro Diputados (primero, segundo, tercero y cuarto), un Maestro de Ceremonias, el Tesorero y el Secretario.

Existían designados específicamente dos "Abogados de Pobres" y los llamados "Examinadores", que se estructuraban en tres ternas. La función de estos últimos era la de valorar las pruebas a que eran sometidos los aspirantes para ingresar en el Colegio.

En el año 1808 sobrevivían doce ex-Decanos, se produjeron cinco nuevas incorporaciones respecto al año anterior, así como cinco bajas.

Como anécdota significaremos que el último incorporado al Colegio el día 31 de diciembre de 1807, era D. Agustín Alcayde, que posteriormente sería ilustre cronista de los Sitios.

Entre las normas que regían el ejercicio de la abogacía y el funcionamiento del Ilustre y Real Colegio de Abogados de Zaragoza, en el año 1808, destacaremos las siguientes[59].

-     Por Auto Acordado del Real Consejo de 21 de mayo de 1737, expedido en favor del Real Colegio de Abogados de Madrid, de cuyos privilegios gozaba el de Zaragoza, se prohibía a todos los funcionarios de cualquier jurisdicción y rango, que admitiesen a trámite cualquier petición demanda que no llevase estampada firma de abogado colegiado y a los procuradores, la presentación de cualquier documento que omitiese tal requisito, siendo sancionados los infractores con pena de multa de cincuenta ducados la primera vez, seis meses de suspensión para la segunda y con privación de oficio la tercera.

-    Por Auto del Real Acuerdo de la Audiencia de Aragón de 9 de marzo de 1739, se prohibe a los procuradores hacer peticiones de Derecho reservándose su papel a la función procesal de sustanciar causas.

-    Por acuerdos del Colegio de 21 de marzo de 1739 y de 26 de junio de 1745, se ordenó que ningún abogado firmase escritos por otro sin autorización de aquél que hubiese preparado el asunto o estampado su firma al pie del borrador.

-    Por otro acuerdo de 10 de julio de 1746, se establecía la obligación para los abogados colegiados que al litigar observasen escritos firmados por otros licenciados no pertenecientes al Colegio de hacer constar tal extremo por otrosí, a fin de que no se permitiesen nuevos actos procesales a los intrusos, y si ello no fuese bastante, se diese cuenta al Secretario del Colegio para la adopción de medidas oportunas.

-    Por Real Cédula de 14 de mayo de 1784, se establecía la obligación para los aspirantes a ingresar en el Colegio, de asistir durante dos años a la Real Academia Jurídico-Práctica establecida en Zaragoza, requisito sin el cual no podían presentarse al examen de abogado ante el Real Acuerdo, debiendo los colegiados con pasantes a su cargo presentar certificación acreditativa de sus nombres, domicilio y lugares de nacimiento, para que el Decano las remitiese al Real Acuerdo por conducto del Regente, con arreglo la Real Orden de 14 de septiembre de 1802.

-    Por último, una resolución del Colegio de 3 de enero de 1786, establecía que sus miembros tenían la obligación de comunicar al Decano su domicilio así como los cambios del mismo, castigando el incumplimiento de tal deber con no aparecer en la Lista del Colegio.

El Colegio contaba con un Montepío de Abogados destinado a la asistencia y socorro de viudas y huérfanos, al que los colegiados pertenecían obligatoriamente. Era regido tal Montepío por una Junta para administrar sus fondos, compuesta por un Consiliario primero y Presidente, tres Consiliarios (segundo, tercero y cuarto), un Tesorero, un Contador, un Celador, un Secretario, y, por último, un segundo Secretario.

Los Sitios quebrantaron de modo traumático la abogacía zaragozana. No hemos encontrado listas de Letrados correspondientes a los años de 1809 a 1812, ambos inclusive. Posiblemente se perdieron o quizá ni siquiera llegaron a publicarse.

La lista de 1813, la primera que hemos hallado tras los Sitios, ofrece un panorama desolador. Los antiguos cincuenta y nueve colegiados se ven reducidos a treinta, de los cuales los tres últimos incorporados no ejercían aún en 1808. Es decir, más de la mitad del foro zaragozano desapareció a consecuencia de la guerra.

De las tres ternas de Examinadores tan sólo se conservaba una, y solamente sobrevivían cinco ex-Decanos, entre ellos D. Pedro Pasqual y Candau. La Junta Particular se vio reducida a siete miembros (únicamente dos diputados en contraposición a los cuatro anteriores).

El Ilustre y Real Colegio de Abogados de Zaragoza mantuvo una terna de Examinadores hasta el año 1815, en que se restablece la segunda, permaneciendo inalterado su número hasta el año 1827 en que se vuelve a implantar la tercera, y el Colegio recupera el número de integrantes 60, uno más que en 1808, al año siguiente 1828.

Como colofón a este epígrafe y según se deduce de los datos aportados, puede afirmarse que el Colegio de Abogados de Zaragoza tardó veinte años en recuperarse de los desastres causados por la Guerra de la Independencia.

La conmoción causada por los combates librados durante los Sitios, afectó a todos los órdenes de la vida zaragozana y como era inevitable la Justicia no se pudo salvar de la hecatombe general.

De todas formas existen una serie de hechos que esperamos haber dejado bien patentes a lo largo de este estudio.

En primer lugar se debe considerar que el ambiente de la Zaragoza sitiada era de revolución, guerra al invasor, catástrofe general e incluso tenía su leve toque de guerra civil. Un ambiente semejante puede ocasionar las consecuencias más sorprendentes.

La implantación del Fuero castrense a todo el Reino daba a Palafox un poder omnímodo y en las circunstancias por las que se atravesaba no pudo menos que manifestarse.

En el Primer Sitio la Justicia ordinaria ralentizó su funcionamiento si bien no se paralizó totalmente. La castrense actuó desde el momento en que se creó la Comisión Militar. La Junta Suprema dictó resoluciones condenando a reos a la pena capital.

En el período entre ambos Sitios se adoptaron las medidas para continuar despachando los asuntos de justicia con fluidez. Se restableció el funcionamiento normal de la Audiencia y de los Juzgados; se creó el Tribunal de Seguridad Pública, y el Tribunal de Intendencia General tramitó procedimientos por delitos de contenido económico. Siguió ejerciendo sus funciones la jurisdicción militar.

En el Segundo Sitio, inicialmente, actuaron Audiencia y Juzgados, así como los mencionados Tribunales de Seguridad Pública y de Intendencia. El Juzgado de Policía vio reforzadas sus facultades.

A partir del día 2 de enero, prácticamente se paralizó la actuación de la Justicia, excepción hecha del Tribunal de Intendencia y de la Justicia castrense.

En el artículo 11 del documento de Capitulación se estableció que la Justicia se distribuyese del mismo modo, y se hiciese en nombre de S.M.C. el Rey José Napoleón I.

 ANEXO

JUSTIFICACIÓN DEL ANEXO

Una dificultad prácticamente insalvable con la que se encuentra el investigador, al acceder a los fondos del Archivo de la Real Audiencia de Aragón, es que los más de 44.000 expedientes conservados no se encuentran inventariados por orden cronológico, de tal modo que para hallar un asunto relativo a una anualidad en concreto debe revisar, uno por uno, la totalidad de los expedientes.

Los anexos que siguen pretenden facilitar la labor a los investigadores y a quienes interese trabajar, en lo sucesivo, acerca de los hechos relativos a los Sitios de Zaragoza.

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