EL PERIÓDICO DE ARAGÓN
El pleito de Casa Palafox se puede alargar tres años más.
Los implicados acusan al consistorio de no querer desbloquear la cesión de los bajos.
La comunidad propietaria de los bajos de la Casa Palafox teme que al haber recurrido a los tribunales, la resolución de la cesión del patio interior al Ayuntamiento de Zaragoza se demore otros tres años más. Los particulares acusan al consistorio de no querer desbloquear el litigio que mantienen desde hace casi tres años por la cesión de un local de la planta baja del edificio, una superficie de 1.230 metros cuadrados en la que se prevé construir un museo.
En el 2000, momento en el que concluyeron las obras de restauración del inmueble, el consistorio tendría que haber abonado a los miembros de la comunidad de bienes del edificio 217.000 euros en concepto de adquisición del local y acondicionamiento de las instalaciones. Sin embargo, cuando la promotora entregó la obra, el ayuntamiento se negó a pagar porque el local no reunía las condiciones pactadas.
Los propietarios interpusieron a comienzos de este verano un recurso contencioso administrativo contra el consistorio por negarse a ejecutar el pago, pero ahora temen que la sentencia definitiva pueda demorarse si el ayuntamiento opta por dejar pasar los plazos y por presentar recursos judiciales.
Fuentes del área de Urbanismo indicaron a este diario que los técnicos trabajan en la redacción de una propuesta «que permita llegar a un acuerdo rápido con el que evitar largos trámites judiciales».
De momento, ya han pasado cinco meses desde que los particulares presentaron el recurso. Los 217.000 euros permanecen recogidos en el presupuesto de este año y se prevé mantenerlos para el 2004. No obstante, no admiten ningún pago a la comunidad, ni total ni parcial. De hecho, el abogado de los propietarios, Javier Hernández, insiste en que todas las propuestas de los particulares se han rechazado.
«Como el punto de la discordia es el acondicionamiento del local, se les dio la opción de abonar únicamente el importe de la adquisición a la espera de que un perito determinase si se reunían o no los requisitos pactados, pero no lo aceptaron», indicó Javier Hernández. Otra de las propuestas planteadas al consistorio fue fijar la cuantía de los trabajos pendientes para descontarlas del precio total. También se rechazó. Hoy, los 1.230 metros cuadrados en litigio se encuentran embargados por la promotora que ejecutó las obras, Celsa. «Solicitaron el dinero a la comunidad de bienes pero como ésta no había recibido nada del ayuntamiento, no pudo hacer frente al pago», explicó el letrado, quien denunció el malestar de sus clientes por el silencio municipal.
C.SORIA
